Fiscalía investiga a la vicepresidente de Perú
La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación fiscal abierta por la supuesta financiación ilícita cometida por el partido Perú Libre para costear las campañas electorales de varios de sus integrantes, según informaron fuentes de la Fiscalía al diario El Comercio. Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha sido imputada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado por corrupción. Además de Boluarte, también han sido imputadas en el mismo caso otras once personas, entre ellas el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, quien compartía la cuenta bancaria con la actual vicepresidenta. De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía (delator premiado), esa cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos cobrados por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno regional de Junín, en poder del marxista partido Perú Libre. Ese dinero recaudado a partir de los cobros ilícitos recibidos por la irregular expedición de licencias de conducir también fue utilizado aparentemente para financiar las campañas al Congreso de varios militantes de Perú Libre. La administración a cargo de Perú Libre en la céntrica región de Junín también obligaba presuntamente a sus trabajadores temporales a aportar 100 soles (unos 25 dólares) mensuales a la cuenta abierta por Boluarte y Grajeda bajo amenaza de no renovar sus contratos. El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas, sospecha que Boluarte pudo haber incurrido supuestamente en «actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política». Ya en julio Boluarte explicó que abrió esa cuenta bancaria como secretaria de economía de Perú Libre y a solicitud de Cerrón para recaudar donaciones solidarias de los militantes que quisieran ayudarle la reparación civil de la condena que se le impuso por corrupción cuando ejercía de gobernador regional de Junín.
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