No otorgar más peajes ni aumentar las tarifas decide gobierno que espera finiquitar acuerdo con Covi

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), comunicó este miércoles que la política del gobierno es no otorgar más peajes ni aumentos a las tarifas actuales, especialmente en la carretera CA-5, pero se debe dilucidar mediante negociaciones con la empresa Covi.

Señaló que la política de gobierno es no más peajes concesionados ni aumentos a las tarifas de peajes.

Esta dependencia del Estado garantizó que la Presidencia de la República cumplirá con las deudas legales heredadas por gestiones anteriores.

Citó la cláusula 18.12 del contrato de concesión: Las partes que declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres en relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del contrato o caducidad de la concesión, sean resueltos, en la medida mediante arreglo directo.

Reunión entre el ministro de la SIT, Mauricio Ramos, con personeros de la empresa concesionaria COVI, para atender el tema de las tarifas del peaje en la carretera CA-5.

En ese sentido, la SIT comunicó que solicitará el acompañamiento de la Secretaría de Finanzas, Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Transparencia, Servicio de Administración de Rentas y la Superintendencia Alianza Público-Privada (SAPP) para llevar el proceso de arreglo directo.

La comisión procederá a iniciar la auditoría técnica y niveles de servicio, auditoría fiscal y legal.

El fin de semana, la Concesionaria Vial (Covi) incrementó la tarifa de peaje en el Corredor Logístico, sin embargo, la presidenta Xiomara Castro desautorizó el aumento. Un día después, Covi revirtió el incremento en las casetas de peaje, pero advirtió de consecuencias legales para el estado.

Una de las principales promesas de campaña es la eliminación de las casetas de peaje ubicadas en la carretera CA-5, sin embargo los actuales funcionarios alegan que contratos heredados por la administración nacionalista impide quitar esas estaciones de cobro.