Ordenan liberación de Sara Rogel, condenada a 30 años de prisión tras sufrir aborto involuntario

#ElSalvador / La Fiscalía recurre el fallo a favor de Sara Rogel, que ya ha cumplido 10 años de la pena. Con ella, son 18 las mujeres condenadas por casos similares en el país centroamericano.

Un juez de El Salvador ordenó la liberación de Sara Rogel, quien a sus 22 años de edad fue condenada a 30 años de prisión, acusada por delito de homicidio agravado, luego de sufrir un accidente que ocasionó que perdiera su embarazo.

Este lunes 31 de mayo el juez le otorgó la libertad condicional anticipada al considerar que la joven, quien ha estado en prisión 10 años, ha cumplido la mayor parte de su pena y que no representa peligro para la sociedad. Sin embargo, Sara no ha recuperado su libertad, pues la Fiscalía externó estar en desacuerdo con el fallo y prevé presentar esta semana un recurso de revocatoria o de apelación.

La sentencia otorga 5 días hábiles para que la Fiscalía presente el recurso. En dicho supuesto, los abogados de Sara tendrán otros 5 cinco días para responder y, con ambos planteamientos, un tribunal superior analizará el caso y tendrá que emitir un fallo. Este proceso se prevé que tarde hasta un mes, tiempo en el que la joven seguirá en prisión.

Si la Fiscalía no presenta algún recurso, Sara, de ahora 30 años de edad, quedaría en libertad tras los cinco días otorgados a la Fiscalía.

En octubre de 2012, Sara resbaló cuando lavaba ropa y presentó una hemorragia, por lo que fue trasladada al Hospital Nacional de Cojutepeque donde la acusaron de aborto y luego de homicidio.

Actualmente, hay 14 mujeres salvadoreñas que permanecen privadas de su libertad por casos similares a los de Sara. La ley salvadoreña tiene las prohibiciones más estrictas del mundo sobre el aborto al no contemplar ninguna excepción, incluso en casos de embarazos derivados de una violación, incesto o cuando la vida o salud de la madre están en riesgo. Hasta las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo, abortos espontáneos y emergencias obstétricas son comúnmente criminalizadas.

“Desafortunadamente, Centroamérica es la región del mundo que tiene el mayor número de países que criminalizan el aborto. Tenemos siete países en la región centroamericana, de los cuales tres: Nicaragua, El Salvador y Honduras, penalizan el aborto en todas sus formas. Es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta que existe en el mundo contra las mujeres”, mencionó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM (Centroamérica y México).

Entre el 2000 y el 2019, 181 mujeres fueron detenidas arbitrariamente y judicializadas por aborto u homicidio agravado, delito que tiene penas previstas entre 30 y 50 años de prisión. De estas mujeres, el 67% fueron sentenciadas cuando tenían entre 18 y 25 años, el 42% son analfabetas o cuentan con un bajo nivel de escolarización, el 53% no cuentan con ingresos económicos, y la mayoría provienen de zonas rurales o urbanas marginales.

La criminalización del aborto en El Salvador ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad internacional en reiteradas ocasiones. Instancias como la ONU o la CIDH han llamado a las autoridades del país a dejar de perseguir a las mujeres, principalmente las de escasos recursos, por estos casos.

“La prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país”, indicó un grupo de expertos de Naciones Unidas cuando llamó al Congreso de El Salvador en 2017 a aprovechar la revisión de un artículo del código penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

De acuerdo con Ipas CAM, con la penalización total del aborto no solamente se castiga a aquellas mujeres que se han practicado un aborto sino también a quienes sufrieron una emergencia obstétrica, limitando el acceso a servicios de salud a los que tienen derecho.

Según grupos feministas y a favor de la interrupción legal del embarazo, la Asamblea Legislativa salvadoreña archivó un proyecto de reforma al Código Penal, que buscaba despenalizar el aborto cuando la mujer resultara embarazada de una violación o su vida estuviera en peligro.

No obstante, organizaciones como Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto han presentado cartas a los diputados para que se establezca una mesa de diálogo para retomar las iniciativas de ley.